1. Inici
2. Comunicats
3. Revista
4. Es pot fer un ERTO de força major COVID en els despatxos d'advocats?

Es pot fer un ERTO de força major COVID en els despatxos d'advocats?

15/07/2020

En primer lloc, s’ha de reconèixer que a dia d’avui no es pot afirmar categòricament cap posició, ni en un sentit ni en el contrari, ja que fins on arriba el coneixement del signant, la qüestió de si es podia promoure un ERTO per força major COVID en els despatxos d’advocats ha estat resolt de forma contradictòria en instància.

Per trobar les causes d’aquesta controvèrsia, cal atendre, en primer lloc, l’article 22 del RDL 8/2020 va establir com a causa de força major la suspensió o cancel·lació d’activitats a conseqüència del COVID-19, establint-se a continuació com a especialitats de la normativa reguladora del procediment establert en el RD 1483/2012 la necessitat que l’empresa sol·licitant acompanyi un informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d’activitat a conseqüència del COVID-19, així com, en el seu cas, de la corresponent documentació acreditativa. Posteriorment, havia de ser constatada per l’autoritat laboral l’existència de força major en el termini de cinc dies, com a causa motivadora de suspensió dels contractes, en iguals termes que els establerts en l’article 31 del Reglament del procediment d’acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes de treball i reducció de jornada.

Per la seva banda, s’ha de tenir en compte que la professió d’advocat, va ésser considerada essencial, i per tant no incardinable en els supòsits de força major COVID, com es pot deduir de l’Annex del RDL 10/2020, concretament en el seu punt quinzè: “Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caso puedan acordarse”.

La literalitat dels preceptes no ofereix dubtes, i seguint una interpretació sistemàtica, el jutjat va arribar a la conclusió de que no es podia promoure un ERTO-FM COVID en els despatxos d’advocats. Aquesta és precisament la conclusió a la que arriba la Sentència del Jutjat Social 1 de Zamora, nº 101/2020, de 27 d’abril de 2020, quan diu: “La demandante presentó en su memoria, alegándose asimismo en la demanda, que la causa de la solicitud es la fuerza mayor determinada por no ser la abogacía servicio básico e indispensable de conformidad con la regulación del estado de alarma. Sin embargo, como ya se ha anticipado, el referido Real Decreto especifica como fuerza mayor, a fin de poder acogerse con base al estado de alarma a la regulación de la suspensión temporal como la que se pretende de los contratos de trabajo, "la suspensión o cancelación de actividades como consecuencia del COVID-19"; posteriormente, y en el Anexo del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, se establecen las actividades consideradas esenciales, y en lógica consecuencia, excluidas de la suspensión o cancelación derivadas del estado de alarma, recogiéndose entre las mismas la actividad de abogados, procuradores, graduados sociales, traductores e intérpretes que asistan a los actos procesales no suspendidos por el Real Decreto 463/2020, cumpliendo con los servicios esenciales fijados para la Administración de Justicia, así como personas que prestan servicios en despachos y asesorías legales en materia de seguridad laboral (...) únicamente las actividades suspendidas por el estado de alarma, y por ende excluidas las especificadas en el Anexo referido, se pueden acoger al ERTE por fuerza mayor derivada de la declaración de la alarma sanitaria. Y por ello ha de confirmarse la resolución impugnada, en tanto en cuanto la actividad única de la empresa es la de asesoramiento legal y defensa jurídica, expresamente incluida en la relación de actividades esenciales, sin perjuicio de que, como igualmente se señala en la resolución administrativa, la empresa pudiere solicitar la autorización del ERTE con fundamento en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, con cumplimiento de los requisitos, presupuestos y procedimiento aplicable para dichas causas”.

No obstant, es pot arribar a la conclusió contrària si atenem al contingut del mateix article 22.1 del RDL 8/2020, quan determina que “Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan delartículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores”.

Igualment, l’article 10 del RD 463/2020 va assenyalar, entre les mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial i altres:

“1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio.

2. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos.

En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios.

3. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del presente real decreto.

4. Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio.

5. Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares”.

És a dir, anant més enllà de la consideració de serveis essencials o no continguda en el RDL 10/2020, calia veure si les activitats a desenvolupar patien o no les restriccions a les que es refereixen els preceptes anteriors.

Aquesta és la conclusió a la que arriba la Sentència del Jutjat Social 3 de Burgos, nº 103/2020, de 8 de maig de 2020, quan reconeix que es desprèn clarament que la força major concorre en la situació per la qual es demana l’ERTO, doncs és palmari que ha tingut lloc una suspensió o cancel·lació d’activitats, ja que l’activitat a la qual es dedica l’”empresa”, és a dir, el Lletrat demandant, ha quedat suspesa gairebé íntegrament, a conseqüència de la pràctica paralització de l’activitat jurisdiccional, que ha quedat exclusivament limitada a les actuacions urgents considerades serveis essencials.

Tal com recorda la Sentència, les actuacions urgents i preferents que no van quedar paralitzades per la suspensió jurisdiccional van ésser exclusivament: “en el orden penal, asistencia a detenidos, órdenes de protección y actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria, así como medidas cautelares en materia de violencia sobre la mujer menores; en el orden Contencioso-Administrativo, el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, así como la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley; en el orden social, en el que no actúa el letrado demandante, a los procedimientos de conflicto colectivo para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, ampliándose con posterioridad a las impugnaciones de ERTE, conciliación de la vida familiar y laboral derivada del COVID-19 y medidas cautelares; y en el orden civil, la autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico previsto en el artículo 763 de la LEC y la adopción de medidas de protección del menor previstas en el artículo 158 del Código Civil”.

Per la qual cosa, no es permetia a l’inici de la declaració de l’estat d’alarma la presentació d’escrits excepte els relacionats amb els serveis essencials descrits, per la qual cosa dita suspensió de terminis processals va paralitzar a la pràctica íntegrament la feina dels lletrats, reduint-la de manera substancial, fins a fer-la gairebé inexistent.

Com a conclusió d’aquesta parada forçosa de l’activitat al despatx, tant la funció de gestió de l’agenda de visites o reunions, com el control dels terminis processals, no es podia dur a terme per la treballadora afectada per l’ERTO, ni tan sols de manera telemàtica. En relació a l’atenció al públic presencial en el despatx, tampoc es podia dur a terme, donada la limitació de la mobilitat de les persones establerta en l’article 7 del RD 463/2020, que només permetia circular per les vies o espais d’ús públic per a la realització de les activitats expressament permeses, entre les quals no hi era inclòs anar al despatx d’un advocat, tret que es tractés d’algun assumpte dels considerats essencials, si bé serien molt escassos.

A tot això s’afegeix que l’article 10 del RD 463/2020 acorda la suspensió de l’obertura al públic dels locals i establiments minoristes, per la qual cosa la feina de despatx es va veure de facto aturada, resultant de tot plegat que es compleixen els criteris exigits en la normativa aplicable, en tant que existeix una impossibilitat objectiva de continuar prestant serveis, conseqüència de la cancel·lació d’activitats a causa de la COVID-19, per la qual cosa el jutjat no aprecia cap raó per la denegació de l’ERTO-FM COVID sol·licitat.

És evident que tenim dues postures contràries, però des del meu punt de vista, la fonamentació jurídica de la SJS de Burgos és més completa, acurada amb la interpretació teleològica dels RD, RDLs i resta de normativa, i un exemple de sana crítica a l’hora d’aplicar el menystingut principi “in dubio pro operario”, que recordem hauria d’operar en cas d’antinòmies normatives com les descrites.